INFORMACIÓN DE INTERVENTORÍAS
INTERVENCIÓN JUDICIAL DE CONTINENTAL TOWERS COMUNICADO OFICIAL AL PÚBLICO
Asunto: Conozcan a Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri en sus propias palabras.
Yo, Ximena Suárez, en mi calidad de vocera autorizada por el Juez (El Juez autoriza mi papel y mi intervención como vocera debido a que existía evidencia suficiente de que el proceso de arbitraje estaba suprimiendo y/o ocultando pruebas potencialmente criminales que podrían resolver un posible delito en América Latina); como parte del proceso de intervención de Continental Towers, y con base en documentos, comunicaciones y material audiovisual presente en el expediente y otras fuentes documentales, deseo comunicar al público y a las autoridades competentes lo siguiente:
INTERVENTOR Y LA VOZ OFICIAL
Para ordenar el flujo de información y evitar nuevas filtraciones interesadas, el juez designó a un interventor judicial con vocería clara: Ximena Suarez.
Su mandato es publicar de forma integra los documentos que corresponda, asegurar su veracidad y proteger la integridad de las partes. No se trata de construir un relato, sino de exhibir el expediente tal cual es; que la opinión pública juzgue con base en piezas completas y no fragmentos.
UN LLAMADO A LA TRANSPARENCIA
Al final del día, este caso ya no es solo una disputa entre accionistas.
Es una prueba para el sistema:
¿Pueden los tribunales manejados por simples abogados privados coexistir con la justicia penal sin avasallarla?,
¿Puede la confidencialidad proteger la verdad y no esconderla?
La respuesta que llegó desde Guatemala sugiere un camino: cuando hay indicios de delito, la transparencia prevalece sobre la reserva.
Y cuando una compañía ha sido silenciada por decreto, devolverle la palabra es una forma de justicia.
CUANDO EL SILENCIO SE VUELVE INJUSTICIA.
Durante los últimos años, una red empresarial legitima y operativa ha sido sometida a un silencio impuesto, una medida que afectó directamente su derecho a expresarse y a defender la verdad de los hechos.
Todo comenzó con una empresa de Infraestructura de telecomunicaciones en Latinoamérica, llamada Continental Towers, la compañía matriz donde se concentran las acciones principales del grupo de empresas Continental Towers en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, y Colombia.
Impidiéndole cualquier tipo de comunicación pública. Posteriormente, las medidas se extendieron a sus equipos directivos, gerentes y departamentos técnicos, hasta llegar finalmente a todos los empleados de su aliado estratégico DT Holding y sus subsidiarias, la empresa encargada de la comercialización, construcción, mantenimiento y operación de torres celulares de Continental Towers.
Uno a uno, los eslabones de la estructura fueron obligados al silencio, enfrentando presiones de abogados arbitrales, judiciales y económicas que anulan su capacidad de explicar lo sucedido. Así se intentó desmantelar progresivamente una organización que había mantenido operaciones legítimas por décadas, dejando sin voz a quienes podían aclarar los hechos con pruebas y documentos.
En medio de esta cadena de censura, muchos profesionales fueron afectados, incluidos directores, gerentes, empleados, representantes legales, aliados estratégicos, abogados y colaboradores de larga trayectoria. Todos quedaron sujetos a las mismas restricciones impuestas sobre toda la compañía. Sin embargo, la narrativa pública distorsiono el contexto, trasladando sobre inocentes silenciados una responsabilidad que no era de ellos.
La realidad es otra: la medida fue dirigida contra toda la estructura corporativa de Continental Towers.
Uno de los elementos más delicados de este caso es la forma en que se ha pretendido enlazar dos procesos completamente distintos: Un procedimiento mercantil-arbitral en Estados Unidos y Un proceso penal en países de Latinoamérica.
El primero, es un arbitraje cuya orden fue reconocida por un trio de abogados árbitros en Nueva York, responde a un conflicto de empresas privadas, dentro del ámbito comercial.
El segundo, en cambio, es un proceso de carácter criminal, donde se investigan conductas individuales de empleados y terceros que no tienen relación directa con las obligaciones mercantiles entre las partes.
Pretender vincular ambos escenarios constituye una distorsión jurídica y ética que altera la comprensión del caso y vulnera el principio básico de independencia entre materias penales y mercantiles.
Para ver más el documento completo “TPG Peppertree quieren confundir” de click al siguiente link:
A pesar de que TPG Peppertree y AMLQ han presentado varios escritos como este, no siempre han tenido éxito en conseguir las sanciones, sin embargo evidencia la Coacción y Extorsión.
En los últimos meses, se ha intentado construir una narrativa en la cual, las actuaciones judiciales en Latinoamérica dirigidas a esclarecer posibles delitos serian un acto de desobediencia o desacato frente a la decisión de abogados árbitros de Nueva York que no tienen jurisdicción sobre temas criminales en países soberanos. Nada más lejano a la realidad.
Basado en las conclusiones infundadas de los abogados árbitros en Estados Unidos, un juez estadounidense tuvo que resolver sobre una materia mercantil y estableció medidas respecto a una orden de ejecución. Sin embargo, esa sentencia no anula ni limita los derechos fundamentales de defensa y acción en un proceso penal en curso dentro de otra jurisdicción soberana.
El verdadero riesgo aquí es que esta confusión intencionada de contextos, puede inducir a error a la opinión publica e incluso a los propios magistrados norteamericanos, haciéndoles creer que existe una maniobra de resistencia, cuando en realidad se trata de un ejercicio legitimo del derecho a la defensa, la búsqueda de la verdad y la preservación de la justicia penal.
Es fundamental comprender que en países soberanos como El Salvador y Guatemala no se esta litigando una controversia mercantil, sino un proceso criminal donde hay abundantes evidencias e imputaciones concretas contra individuos.
Link para ver las noticias completas de orden de captura a TPG Peppertre:
Intentar utilizar ese proceso para sostener o invalidar una decisión mercantil en otro país, es una forma de manipulación procesal que compromete los principios de soberanía judicial y de respeto entre jurisdicciones.
El propósito de este señalamiento no es desafiar a ningún tribunal extranjero, sino invitar a una reflexión objetiva: la justicia solo puede ser justa cuando se respeta la naturaleza de cada proceso.
Confundirlos deliberadamente no solo afecta a las partes, sino que distorsiona el sentido mismo del derecho.
51 PREGUNTAS / 51 QUESTIONS
Documentos públicos del caso en Guatemala / Public documents about the Guatemala case
Español
English
2. ¿CÓMO COMENZÓ A LIBERARSE LA INFORMACIÓN?
Durante el proceso arbitral, se quebró de manera progresiva el principio de confidencialidad, uno de los pilares fundamentales que garantiza la neutralidad e imparcialidad de todo arbitraje. Este quiebre no se produjo por un hecho aislado, sino por una secuencia sistemática de filtraciones que, con el tiempo, dejaron en evidencia una perdida total de reserva procesal.
EL BLOG DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL
El primer indicio de filtración provino, sorprendentemente, del propio abogado presidente del proceso arbitral, MARC GOLDSTEIN.
El abogado árbitro principal mantenía y mantiene un blog personal, en el cual publica artículos y reflexiones jurídicas sobre arbitraje internacional, no obstante, también se publicaron en Just Mundi contenido o información confidencial referente al caso. Sin embargo, en varias de esas publicaciones, algunas posteriormente eliminadas, pero de las cuales existen copias impresas y registros, utilizo fragmentos de documentos pertenecientes al proceso “supuestamente confidencial” que el mismo presidía.
Para ver el blog del presidente completo y los archivos donde rompe confidencialidad de click al siguiente link:
En dichos textos, citaba extractos, analizaba estrategias y respondía consultas públicas relacionadas con el caso aún en curso, lo que constituye una violación directa del deber de confidencialidad y neutralidad procesal.
“Si el propio abogado presidente del tribunal hace pública información del expediente, se rompe toda base de equilibrio que debe regir en un arbitraje”
Estos episodios no fueron unos simples errores técnicos, sino el punto de partida visible de una cadena de irregularidades que marcarían el desarrollo posterior del caso. Hecho que marcó el inicio visible de la pérdida de reserva del caso y abrió la puerta para analizar las posteriores irregularidades.
FILTRACIONES POR PARTE DE LOS SOCIOS TPG PEPPERTEE Y AMLQ
Posteriormente, los socios identificados como TPG Peppertree y AMLQ hicieron públicos documentos y extractos del arbitraje que estaban bajo cláusula de confidencialidad. Estas filtraciones se produjeron cuando ambos utilizaron partes del expediente en otros procesos arbitrales completamente distintos desarrollados en El Salvador, Lima (Perú) y Guatemala.
Con ello, se replico información protegida en jurisdicciones y procesos distintos, vulnerando la independencia del proceso original.
Cuando el hecho fue detectado, el propio juez reconoció que ya no tenia sentido mantener la reserva hacia Continental Towers, dado que las demás partes habían roto esa obligación. Esa observación judicial marcó un punto de inflexión: por primera vez se legitimaba la posibilidad de que las personas y empresas silenciadas pudieran responder públicamente ante un escenario donde la confidencialidad ya había sido gravemente comprometida.
AUDIOS DE ADAM SCHACHTER EXPONEN LA FALTA DE NEUTRALIDAD EN EL ARBITRAJE DE CONTINENTAL TOWERS
AUDIO 1:
AUDIO 2:
AUDIO 3:
AUDIO 4:
AUDIO 5:
AUDIO 6:
AUDIO 7:
AUDIO 8:
AUDIO 9:
AUDIO 10:
3. LA ADMISIÓN EN AUDIENCIA: EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN INTERNA
Durante una audiencia formal, Jorge Gaitan Castro y Carol Echeverria reconocieron haber accedido y sustraído pretendidamente ilegalmente información interna perteneciente a individuos y empresas distintas a Continental Towers.
Echeverria en una audiencia frete a los abogados árbitros, llego incluso a admitir expresamente que había extraído documentos confidenciales de empresas y personas distintas a Continental Towers lo cual quedo registrado en la transcripción oficial de la audiencia.
Link para ver los videos completos de sustracción:
Al escuchar que Echeverria potencialmente se estaba incriminando y estaba dando evidencia que contradecía la retórica oficial, el abogado arbitro Marc Goldstein inmediatamente guió a la testigo para que cambiara su testimonio. Esta intervención cambio el sentido jurídico de lo dicho, transformando una admisión de potencialmente sustracción ilegal de equipo e información de terceros, en un simple uso de información de los socios de Continental Towers.
La transcripción oficial evidencia esa alteración discursiva, mostrando cómo dentro del propio procedimiento se intentó neutralizar una confesión comprometedora.
4. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL EN DEFENSAS CRIMINALES Y DEMANDAS LABORALES
Un cuarto y quinto hecho continuaron con el agravio de confidencialidad.
Durante audiencias de defensa criminales en Latinoamérica, Jorge Gaitan Castro y Carol Echeverria presentaron información del proceso arbitral en sus defensas criminales. En adición en un intento de extraer dinero de empresas agraviadas, intentaron sin suerte demandar laboralmente a empresas no relacionadas a Continental Towers, y en esos intentos también divulgaron información de los procesos arbitrales. Gaitan Castro y Echeverria continuamente tratan de sorprender e intimidar a las autoridades judiciales Latinoamericanas con resultados parciales del proceso llevado por los abogados árbitros en Nueva York. Gaitan Castro y Echeverria pretenden exculpar sus acciones pretendidamente criminales basados en la opinión de abogados extranjeros que no tienen ninguna jurisdicción en Latinoamérica. En pocas palabras Gaitan Castro y Echeverria pretenden que abogados extranjeros manipulen la soberanía jurídica y judicial de países Latinoamericanos.
UNA EMPRESA VIVA, OPERATIVA Y CON IMPACTO SOCIAL.
Continental Towers no es una empresa abstracta.
Es una organización con operaciones en toda Latinoamérica, que conecta comunidades, brinda infraestructura de telecomunicaciones crítica y apoya proyectos de seguridad pública. Ha instalado sistemas de vigilancia en zonas vulnerables, ayudando a gobiernos locales, escuelas públicas y ha desarrollado programas de responsabilidad social.
No es una compañía inactiva:
Sigue viva, sigue operando, sigue aportando valor tangible a los entornos donde trabaja.
Sin embargo, ha sido sometida a un arbitraje manipulado por abogados fuera de su territorio, bajo un proceso que, por sus filtraciones y conflictos de interés, ha terminado afectando su reputación y estabilidad institucional.
EL MOTIVO DEL SILENCIO: UNA MEDIDA IMPUESTA, MÁS NO UNA ELECCIÓN
El origen de la censura judicial hacia la empresa y sus directivos no fue casual ni voluntario.
Por medida cautelar, se les prohibió expresamente pronunciarse, defenderse o emitir declaraciones, ya fuera de forma directa o a través de terceros.
Ese orden alcanzaba también a empleados, directores, contratistas, colaboradores, asesores, representantes legales, familiares o allegados que pudieran referirse al caso.
Para ver el documento del correo intimidatorio completo por parte de TPG Peppertree completo de click aqui:
Cualquier intento de comunicación podía derivar en sanciones económicas que se contaban en cifras millonarias, lo que en la práctica significaba un silencio absoluto.
El detonante fue una decisión ética: negarse a aceptar la imposición de designar ILEGALMENTE como CEO y COO al señor Gaitán Castro y la señora Echeverria, ambos vinculados a procesos penales. Ambos capturados por INTERPOL y encarcelados. Gaitán Castro esperando proceso de extradición a la Republica de El Salvador, igual que su padre que ya fue extraditado. Gaitán Castro imputado por asociación ilícita, hurto agravado, extorción agravada, estafa agravada, entre otros delitos. En adición a sus cargos imputados, ambos acusados de tener relaciones extramaritales escandalosas en cualquier empresa seria internacional. En otras palabras, inexplicablemente los abogados árbitros quieren imponer personas que están encarceladas sin derechos civiles, como “los administradores de la empresa”, y hasta no hacerlo la empresa esta vetada de todo derecho de defensa.
Click para ver las noticias completas sobre la captura de Jorge Gaitán Castro:
Referencia Judicial/Causa:0-01070-2022-00023 Juzgado Décimo Pluripersonal, de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Municipio de Guatemala, del Departamento de Guatemala.
Click pare ver las noticias completas sobe la captura de Carol Echeverria:
Referencia Judicial/Causa:0-01070-2022-00023 Juzgado Décimo Pluripersonal, de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Municipio de Guatemala, del Departamento de Guatemala.
Click para ver las noticias completas sobre la extradición de Gaitán Padre:
Juzgado Tercero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
Extradición 5-2025.
Click para ver el documento completo donde evidencia que Gaitán no es CEO de la empresa, y Echeverria tampoco es COO:
Esa negativa, basada en un principio de integridad corporativa, fue interpretada como desacato y derivó en la imposición de las medidas de restricción comunicacional. La negativa, prohibió a la empresa que se defendiera, que pudiera presentar sus demandas contra los que le causaron daño.
Durante todo ese tiempo, la empresa permaneció bajo ese régimen de silencio forzado.
Ni su dirección, ni sus voceros pudieron ofrecer explicaciones al público o a sus socios comerciales. El resultado fue un vacío informativo aprovechado por versiones parciales e interesadas que distorsionaron la realidad.
5. EL DERECHO A HABLAR: RECUPERAR LA VOZ
Silenciar a una empresa que busca defender su reputación es una forma de violencia institucional
Silenciar a una empresa que busca defender su reputación es una forma de violencia institucional
El silencio impuesto no protege la verdad: la oculta.
Por eso, el levantamiento judicial de la confidencialidad no es solo un permiso, sino una restitución del derecho a la expresión, un reconocimiento de que ninguna organización debe ser condenada sin poder explicar los hechos.
Hablar no es atacar.
Hablar es restaurar el equilibrio.
Y cuando una voz se alza en defensa de la verdad, no defiende solo a una empresa: defiende el derecho de toda una sociedad a conocer los hechos que afectan su economía, su empleo y su confianza. Esto es importante en cualquier empresa, pero más aun en una donde ofrece servicios de telecomunicaciones, donde el interés público supera el interés de sus inversionistas.
UNA LLAMADA A LA REFLEXIÓN
Este comunicado no busca señalar culpables.
Busca invitar a una reflexión colectiva:
¿Qué ocurre cuando la parcialidad, la manipulación de los hechos o la censura alteran un proceso que debería ser neutral?
¿Y que sucede cuando esa distorsión no afecta solo a los accionistas, sino a millones de latinoamericanos, a toda una comunidad que depende del valor que esa empresa genera?
Porque más allá de los litigios o las cifras, lo que está en juego es el valor de la confianza y el respeto por la verdad. Una sociedad justa no se mide solo por sus leyes, sino por su capacidad de garantizar que ninguna voz legítima sea silenciada.
EL JUEZ QUE ROMPIÓ EL SILENCIO
El 1 de Octubre de 2025, en una sala del Palacio de la Justicia de Guatemala, el juez criminal firmó una resolución que cambió el curso de una historia contenida durante años.
Ordenó la terminación de la confidencialidad del proceso arbitral de Continental Towers y designó a un interventor judicial para resguardar los activos y el estado de la empresa mientras avanzan las investigaciones penales. La decisión, respaldada por nueva información divulgada en medios de investigación, devolvió a la compañía el derecho básico que se le había negado: hablar.
La lógica detrás del fallo fue tan sencilla como contundente:
Cuando la reserva procesal se convierte en una herramienta para ocultar hechos relevantes o para desequilibrar la defensa, la transparencia deja de ser una opción y pasa a ser un deber.
Por primera vez en mucho tiempo, Continental Towers pudo explicar su versión con un respaldo legal.
Asimismo, el Ministerio Público de Guatemala ha indicado que existen suficientes elementos que respaldan la presunción de delitos relacionados con estafa, asociación ilícita y ilícitos penales.
Debido a la estricta naturaleza criminal de los procedimientos en Guatemala, el acceso a la información esta restringido exclusivamente a las partes involucradas. Sin embargo, se autoriza la divulgación del proceso arbitral de Estados Unidos con el fin de proteger los derechos de la empresa y sus accionistas.
6. LA RESPUESTA DE LA FISCALÍA
El Ministerio Público de Guatemala fijó posición frente a requerimientos de información que venían desde el extranjero.
En su pronunciamiento, dirigido a solicitudes de TPG Peppertree Capital y AMLQ, advirtió que intentar forzar la entrega de antecedentes penales desde la órbita de resoluciones de abogados árbitros del extranjero podría constituir obstrucción de la justicia.
La aclaración fue enfática: la materia penal y la materia mercantil no se confunden; responden a lógicas, autoridades y fines distintos. Ningún laudo privado limita la soberanía de un proceso criminal en curso.
La postura, además, dejo abierta una puerta regional: dada la trascendencia pública del caso, fiscalías de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú podrían iniciar si no lo han hecho ya, investigaciones de oficio a partir de los mismos indicios.
La red de consecuencias era, por tanto, inevitablemente transnacional.
PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA DE GUATEMALA
La Fiscalía de Guatemala emitió una nota oficial respondiendo a solicitudes de descubrimiento enviadas por TPG Peppertree Capital y AMLQ, mediante las cuales se intentaba Forzar a empresas y a sus representantes legales a revelar información privilegiada de casos penales en cursos.
LOS ACCIONISTAS, LA VENTA DISPUTADA Y EL ORIGEN DEL CONFLICTO
En el centro del tablero aparece la estructura accionaria en Islas Vírgenes Británicas: Terra Towers (Accionista A), TPG Peppertree Capital (Accionista B), y AMLQ (Accionista C).
La convivencia fue posible mientras el negocio siguió creciendo; se fragmento cuando llegó la hora
Documentos internos señalan que en 2018 se gestionaron ofertas por encima de los 800 millones de dólares por la plataforma latinoamericana.
Para ver las valuaciones bancarias recibidas por este monto de click al siguiente link:
Dos años después, en 2020, se empujó por parte de TPG Peppertree Capital y AMLQ una operación cercana a 350 millones de dólares con una empresa relacionada utilizando a una empresa más pequeña llamada Torrecom.
La figura utilizada, descrita por diversos memorandos como un “squeeze-out merger” implicaba, en la práctica, dejar fuera de juego a los socios originales en condiciones económicas ostensiblemente inferiores a las valuaciones previas.
Para ver el documento completo del “squeeze-out merger” de click en el siguiente link:
En ese punto emergió una disputa de no avalar una venta que atentaba contra los inversionistas directos e indirectos de Continental Towers, una disputa de no avalar una propuesta que se consideraba subvalorada y su negativa a instalar a ejecutivos cuestionados como CEO y COO se tradujo en presiones, sanciones y una orden de silencio que alcanzó a toda la estructura corporativa. La responsabilidad y el silencio fue impuesto a la compañía completa.
Link para ver junta directiva completa 9 diciembre 2021.
7. LA CONFIDENCIALIDAD QUE SE ROMPIÓ” POR ARRIBA Y POR ABAJO
El principio de reserva del arbitraje se quebró gradualmente por varios frentes.
Primero, desde lo alto: El propio presidente del proceso arbitral, el abogado arbitro Marc Goldstein, divulgó extractos del expediente en su blog y en repositorios especializados. Aunque algunas de esas entradas fueron retiradas con el tiempo, copias y registros dieron cuenta del deslizamiento de información.
Luego, desde los costados: TPG Peppertree Capital, y AMLQ utilizaron material del expediente en proceso en El Salvador, Perú y Guatemala. La reproducción de documentos bajo la cláusula de confidencialidad en otras jurisdicciones dejó sin efecto práctico la reserva respecto de una de las partes: Continental Towers. El propio juzgado reconoció que ya no tenia sentido mantener una mordaza unilateral cuando el resto había hecho público el expediente por la tangente.
Adicionalmente, desde adentro: durante una audiencia del proceso arbitral, Jorge Gaitán Castro y Carol Echeverria admitieron haber accedido a información interna de la empresa.
La declaración de Echeverria registrada en la transcripción oficial, fue interrumpida para ser “reformulada”, lo que, de hecho, atenuó el alcance de lo confesado. La página sellada de esa audiencia quedó como un espejo incómodo del proceso.
Finalmente, la divulgación de información del proceso arbitral en las declaraciones de Jorge Gaitán Castro y Carol Echeverria en proceso de defensa criminal y procesos laborales.
LOS PERSONAJES EN EL OJO DE LA TORMENTA
Gaitán Castro fue presentado ilegalmente por los abogados árbitros como CEO de Continental Towers en Latinoamérica; no hay soporte contable ni legal que respalde ese cargo.
Enfrenta procesos por hurto agravado, estafa, asociación ilícita, y extorsión.
Su padre, Jorge Gaitán Paredes, también fue procesado y extraditado; Carol Echeverria guarda arresto domiciliario por hurto agravado y aparece presentada ilegalmente por los abogados árbitros como COO sin acreditación alguna. La relación extramarital entre ambos añade un matiz ético a un cuadro ya complejo.
Aun así, dentro del arbitraje en Estados Unidos, los tres recibieron una absolución impropia de un arbitraje comercial: fueron declarados inocentes en términos penales por abogados extranjeros que no tienen jurisdicción criminal. Esa Extralimitación, que excede el mandato mercantil, abrió una grieta de legitimidad sobre el laudo.
EL ARBITRAJE EN DISPUTA: CASOS Y JURISDICCIONES
Mientras el expediente principal se ventila en Estados Unidos, piezas del mismo rompecabezas se movían en Centroamérica y Sudamérica. Hubo referencias cruzadas entre:
Guatemala: Arbitraje de Equidad, Expediente No. 01-2023, CENAC (Cámara de Comercio de Guatemala).
El Salvador: Tribunal Arbitral en Equidad, Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria, Ref. AI-01-2023.
Perú: Arbitraje Institucional, Cámara de Comercio de Lima, Caso No. 0710-2022-CCL.
La coexistencia de múltiples foros, con reglas y responsabilidades distintas, favoreció el uso selectivo de documentos y una lectura fragmentada de los hechos.
Al final, la confidencialidad ya no se sostenía ni en el papel, ni en la práctica.
8. CONFLICTO DE INTERÉS Y RECUSACIONES
El tribunal administrado por la AAA acumuló cuestionamientos.
Del abogado Goldstein se señalaron vínculos no revelados oportunamente con actores del ecosistema del Accionista AMLQ.
Link para ver el documento completo sobre el abogado Goldstein:
La árbitra Melida Hudgson admitió conflictos por pertenecer a un bufete cuyo cliente principal se relaciona con AMLQ; además, admitió también tener conflictos con un país que su bufete Arnold and Porter representa, y ella públicamente ataca a ese país junto con otros como «Corruptos», fue árbitra nominada por el Accionista A en este proceso y, más tarde, aceptó arbitrar con la contraparte de ese mismo Accionista A en un procedimiento distinto.
Link para ver el documento completo sobre Melida Hudgson:
Zeigler, postulado por Accionista B y Accionista C, acompaño decisiones que, en conjunto se cruzaron la frontera de un caso mercantil a un caso criminal.
Link para ver documento completo de Zeigler:
Se presentaron tres solicitudes de recusación.
Sospechosamente ninguna prosperó. La sensación entre los equipos de defensa fue que la cancha estaba inclinada desde el arranque.
Link para ver las recusaciones completas año 2022-2023-2024 y sus respuestas aquí:
AMENAZAS, CORREOS Y EL COSTO HUMANO DEL CASO
Detrás de las minutas y los memoriales, hubo personas, correos y mensajes consignados ante autoridades de El Salvador y Guatemala.
Contiene referencias explicitas a torturas y amenazas de muerte dirigidas a exdirectores y empleados, así como a sus familias. Entre los destinatarios hay ciudadanos Guatemaltecos, Salvadoreños, Europeos, Estadounidenses y Canadienses. La calificación penal posible:
obstrucción de justicia y amenazas a la integridad física.
Dentro de las personas que han enviado estos mensajes se encuentran: Howard Mandel, John Ranieri, Ryan Lepene, Jorge Gaitan Castro, Carol Echeverría y Juan Ignacio Berguer
Los testimonios describen jornadas de presión destinadas a forzar firmas, redacciones de comunicados y acatamientos administrativos contrarios a las leyes locales. Para quienes lo vivieron, la palabra “silencio” no fue una metáfora periodística, sino una orden diaria con costo emocional.
BUFETES Y SOMBRAS
Algunos de los estudios jurídicos asociados a los Accionistas B y C acumulan controversias en otros frentes, En Guatemala, parte de esa red aparece vinculada a investigaciones de gran escala por estafa internacional con empresa Brasileña en el caso Odebrecht. Figuras mediáticas, famosas por litigar asuntos de alto impacto y supuestos atentados de asesinato, trasladaron su estilo a un expediente que requería, más que estridencia, prudencia.
El resultado fue el contrario: más ruido público, más dudas sobre la ética y más preguntas sobre quién custodia la neutralidad cuando el dinero y la reputación están en juego.
Link para ver documento completo aquí sobre abogados de TPG Peppertre a:
Link para ver noticias criminales de los abogados de TPG Peppertree y AMLQ:
Link para ver el documento completo de los pagos de TPG Peppertree a sus agentes:
9. ABUSO DE MANDATO Y LÍMITES DE LA AAA
La critica más dura al laudo no está en lo que dice, sino en lo que pretende ser.
Los árbitros de la AAA a veces no tienen ni que ser abogados y aun así se hacen pasar por jueces.
Un grupo de abogados árbitros comerciales no pueden absolver personas de delitos, ni imponer designaciones empresariales que vulneren leyes locales, ni actuar como sustituto de un juez penal. Sin embargo, diversas decisiones de los abogados árbitros se leyeron como si en el arbitraje hubiera ocupado un espacio institucional que no le corresponde. De allí la frase que se repite en pasillos de tribunales latinoamericanos: “Un laudo no hace Estado”.
CONCLUSIÓN GENERAL
Continental Towers ha dejado de ser un nombre en un laudo para convertirse en una causa de interés público.
El levantamiento de la confidencialidad no es un triunfo de una parte sobre otra; es la restitución de un principio básico: que nadie sea condenado en silencio.
Si algo enseña este recorrido, desde los despachos de Nueva York hasta los juzgados de Centroamérica es que la verdad no es patrimonio de los documentos, sino del proceso que permite examinarlos.
El caso seguirá su curso en las instancias que correspondan.
Entretanto, las empresas, los tribunales y los ciudadanos miran este espejo incómodo con una certeza: cuando el silencio se vuelve injusticia, la transparencia es la única respuesta civilizada.
“Este comunicado se emite en estricto apego a la ley y bajo la autorización expresa de un juez criminal en Guatemala”.
Link a arbitraje completo: